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Abren investigación disciplinaria contra 9 funcionarios por robo de predios

18 febrero, 2022

La Procuraduría asumió el proceso en contra del registrador de Instrumentos Públicos de Barranquilla, Rafael Pérez.

Luego de la mesa de seguimiento de ocupación ilegal de tierras en el Atlántico, la procuradora Margarita Cabello anunció que se ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de 9 funcionarios de distintas entidades.

El proceso inició el pasado 16 de febrero en contra de Álvaro Mozo Gallardo, superintendente delegado para registro de la Superintendencia de Notariado y Registró;  María Patricia Álvarez Coronado, profesional de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla; Patricia Gutiérrez, profesional de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla; Ruby García Potes, profesional de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla (para la época de los hechos objeto de la denuncia); Álvaro Ariza Fontalvo, notario 12 del Círculo Registral de Barranquilla; Margarita Ripoll inspectora 16 de Policía Urbana de Barranquilla; Gloria Baena Oquendo, Inspectora 4 de Policía Urbana de Barranquilla; Cristian Kalil Sarmiento, secretario de Inspecciones de Policía (para la época de los hechos), y José Manuel Rosado, funcionario de la Seccional Atlántico del IGAC.

Asimismo, Cabello indicó que se ejercerá control preferente en la investigación disciplinaria contra Rafael Pérez en su calidad de registrador de Instrumentos Públicos de Barranquilla.

“La Procuraduría se trae la investigación que inició la Superintendencia de Notariado y Registro, para que sea investigado por estos hechos”, sostuvo.

Además se harán los correspondientes traslados con incidencia penal a la Fiscalía General de la Nación para que inicie las correspondientes investigaciones.

“Continuaremos trabajando de manera articulada para acabar las mafias que se roban las tierras de los colombianos. Más de 12 entidades del Estado participaron en el espacio y se comprometieron a seguir trabajando contra este flagelo”, sostuvo Cabello.

Explicó que se trabajará en la formación de los funcionarios para atacar el despojo de tierras, así como articular las acciones para evitar nuevos casos en el departamento.

“Significa que nos conozcamos todos para que fluya la información. Necesitamos que se especialicen grupos sobre el despojo de tierras, para que puedan entregar respuestas certeras y rápidas a la ciudadanía”, expuso.

Indicó que se creó una comisión en la Procuraduría para atender la invasión de tierras en los distintos municipios del Atlántico.

“Se han practicado pruebas e indagaciones preliminares contra funcionarios indeterminados, se ordenaron investigaciones por competencias.

Agregó que en el departamento se han conocido más de 5.400 expedientes de recuperación de espacio público y protección de la integridad urbanística de los predios.

“Esas prácticas nos causaron mucha preocupación porque son deshonestas y afectan la proyección urbana. Perjudican la calidad de vida de los ciudadanos en el corto plazo y es un desgaste para los propietarios legales”, puntualizó.

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